Los contratos del sector público. Ámbito subjetivo y objetivo de la Ley de Contratos del Sector Público. Delimitación de los tipos contractuales. Contratos sujetos a una regulación armonizada. Contratos administrativos y contratos privados. Órganos competentes en materia de contratación. Requisitos para contratar con la Administración: capacidad, solvencia y prohibiciones para contratar.
Contratos del sector público
Ámbito subjetivo
Definición :: sujetos a los que aplica
Categorías card
- Sector público
- Administración
- Poderes adjudicadores
Sector público card
- AGE, CCAA, EELL
- Entidades Gestoras y Servicios Comunes de SS
- Organismos Autónomos, Universidades Públicas y autoridades administrativas independientes.
- Consorcios con personalidad jurídica
- Fundaciones públicas : mayoría de entidades del sector público en constitución, patrimonio y derechos de voto)
- Mutuas colaboradoras con SS
- Entidades Públicas Empresariales
- Sociedades mercantiles
- Fondos sin personalidad jurídica
- Otras entidades públicas de interés general sin carácter industrial o mercantil
- Asociaciones de alguna de las anteriores
- Diputaciones Forales y Juntas Generales del País Vasco
Administraciones Públicas card
- AGE, CCAA, EELL (incluidas Diputaciones Forales y Juntas Generales del País Vasco)
- Entidades Gestoras y Servicios Comunes de SS
- Organismos Autónomos, Universidades Públicas y autoridades administrativas independientes
- Diputaciones Forales y Juntas Generales del País Vasco
Poderes adjudicadores card
- AAPP
- Fundaciones públicas
- Mutuas colaboradoras con SS
- Otras con personalidad jurídica creadas para satisfacer necesidades de interés general no de carácter industrial o mercantil
- Asociaciones de las anteriores
Sector público > AAPP > Poder adjudicador
Ámbito objetivo
Definición ::
Tipos contractuales
Tipología card
- Obras
- Servicios
- Suministro
- Concesión de obras
- Concesión de servicios
Contratos administrativos
Son aquellos contratos celebrados por una Administración Pública (AGE, CCAA, EELL, Organismos Autónomos…) cuyo objeto está directamente vinculado al giro o tráfico de la actividad pública o a la satisfacción directa de una causa pública.
-
Tipos típicos: Obras, servicios, suministros, concesión de obras y concesión de servicios.
-
Régimen jurídico: Tanto su preparación, adjudicación y efectos como su extinción se rigen por el Derecho Administrativo.
-
Jurisdicción competente: El orden Contencioso-Administrativo conoce de todos sus litigios.
Contratos privados
Son aquellos celebrados por entidades del sector público que no son Administraciones Públicas (como sociedades mercantiles estatales o fundaciones públicas), o bien los celebrados por una Administración Pública pero que tienen por objeto actividades no administrativas (como servicios financieros, seguros o contratos de creación artística).
- Régimen jurídico mixto (Régimen de “actos separables”): Su preparación y adjudicación se rigen por el Derecho Administrativo (o sus normas internas), pero sus efectos, modificación y extinción se rigen por el Derecho Privado (civil o mercantil).
- Jurisdicción competente: El orden Contencioso-Administrativo juzga la fase de adjudicación, mientras que la Jurisdicción Civil juzga los litigios sobre sus efectos y extinción.
Órganos competentes en materia de contratación card
- Órgano de Contratación: Persona física o jurídica que ostenta la facultad de celebrar contratos en nombre de la entidad (ej. Ministros, Secretarios de Estado, Consejeros autonómicos, Alcaldes o Directores de Organismos Autónomos).
- Mesa de Contratación: Órgano colegiado de asistencia técnica e independiente. Es obligatoria en procedimientos abiertos, restringidos, de diálogo competitivo, de licitación con negociación y de asociación para la innovación. Su función principal es la valoración de las ofertas y la propuesta de adjudicación al órgano de contratación.
- Junta de Contratación: Órganos colegiados que pueden actuar como órganos de contratación en los Ministerios o Administraciones para contratos de cuantía menor o de gestión ordinaria y repetitiva.
Requisitos para contratar con la Administración
Capacidad card
- Plena capacidad de obrar: Acreditada mediante escritura de constitución o DNI/NIE.
- Habilitación profesional o empresarial: Contar con las autorizaciones, títulos o matrículas que exija la ley para realizar la actividad que sea objeto del contrato.
- Objeto social idóneo: En el caso de personas jurídicas, las prestaciones del contrato deben estar comprendidas expresamente dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que fijen sus estatutos o reglas fundacionales.
Solvencia card
- Solvencia económica y financiera: Justifica que la empresa dispone de la estabilidad financiera y el volumen de negocio mínimo requerido (ej. mediante declaración del volumen anual de negocios o justificante de un seguro de riesgos profesionales).
- Solvencia técnica o profesional: Demuestra la experiencia y los conocimientos técnicos para ejecutar la prestación (ej. mediante una relación de los principales servicios u obras realizados en los últimos años, indicando importe, fechas y destinatarios).
- Clasificación de empresas: Es un sistema estatal que sustituye la acreditación individual de solvencia. Es obligatoria para contratos de obras con un valor estimado igual o superior a 500.000 euros, y opcional para los contratos de servicios.
Prohibiciones para contratar card
- Condena por delitos firmes: Haber sido condenado por sentencia firme por delitos de corrupción, fraude, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o delitos de terrorismo.
- Situación de insolvencia: Haber solicitado la declaración de concurso voluntario o haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento.
- Sanción administrativa firme: Haber sido sancionado con carácter firme por infracciones graves en materia laboral (ej. discriminación de género, falta de planes de igualdad), de seguridad y salud en el trabajo, o en materia medioambiental.
- Incumplimiento culpable anterior: Haber dado lugar, por causa de la que hubieran sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con una entidad del sector público.