Los contratos del sector público. Ámbito subjetivo y objetivo de la Ley de Contratos del Sector Público. Delimitación de los tipos contractuales. Contratos sujetos a una regulación armonizada. Contratos administrativos y contratos privados. Órganos competentes en materia de contratación. Requisitos para contratar con la Administración: capacidad, solvencia y prohibiciones para contratar.

Contratos del sector público

Ámbito subjetivo

Definición :: sujetos a los que aplica

Categorías card

  • Sector público
  • Administración
  • Poderes adjudicadores

Sector público card

  • AGE, CCAA, EELL
  • Entidades Gestoras y Servicios Comunes de SS
  • Organismos Autónomos, Universidades Públicas y autoridades administrativas independientes.
  • Consorcios con personalidad jurídica
  • Fundaciones públicas : mayoría de entidades del sector público en constitución, patrimonio y derechos de voto)
  • Mutuas colaboradoras con SS
  • Entidades Públicas Empresariales
  • Sociedades mercantiles
  • Fondos sin personalidad jurídica
  • Otras entidades públicas de interés general sin carácter industrial o mercantil
  • Asociaciones de alguna de las anteriores
  • Diputaciones Forales y Juntas Generales del País Vasco

Administraciones Públicas card

  • AGE, CCAA, EELL (incluidas Diputaciones Forales y Juntas Generales del País Vasco)
  • Entidades Gestoras y Servicios Comunes de SS
  • Organismos Autónomos, Universidades Públicas y autoridades administrativas independientes
  • Diputaciones Forales y Juntas Generales del País Vasco

Poderes adjudicadores card

  • AAPP
  • Fundaciones públicas
  • Mutuas colaboradoras con SS
  • Otras con personalidad jurídica creadas para satisfacer necesidades de interés general no de carácter industrial o mercantil
  • Asociaciones de las anteriores

Sector público > AAPP > Poder adjudicador

Ámbito objetivo

Definición ::

Tipos contractuales

Tipología card

  • Obras
  • Servicios
  • Suministro
  • Concesión de obras
  • Concesión de servicios

Contratos administrativos

Son aquellos contratos celebrados por una Administración Pública (AGE, CCAA, EELL, Organismos Autónomos…) cuyo objeto está directamente vinculado al giro o tráfico de la actividad pública o a la satisfacción directa de una causa pública.

  • Tipos típicos: Obras, servicios, suministros, concesión de obras y concesión de servicios.

  • Régimen jurídico: Tanto su preparación, adjudicación y efectos como su extinción se rigen por el Derecho Administrativo.

  • Jurisdicción competente: El orden Contencioso-Administrativo conoce de todos sus litigios.

Contratos privados

Son aquellos celebrados por entidades del sector público que no son Administraciones Públicas (como sociedades mercantiles estatales o fundaciones públicas), o bien los celebrados por una Administración Pública pero que tienen por objeto actividades no administrativas (como servicios financieros, seguros o contratos de creación artística).

  • Régimen jurídico mixto (Régimen de “actos separables”): Su preparación y adjudicación se rigen por el Derecho Administrativo (o sus normas internas), pero sus efectos, modificación y extinción se rigen por el Derecho Privado (civil o mercantil).
  • Jurisdicción competente: El orden Contencioso-Administrativo juzga la fase de adjudicación, mientras que la Jurisdicción Civil juzga los litigios sobre sus efectos y extinción.

Órganos competentes en materia de contratación card

  • Órgano de Contratación: Persona física o jurídica que ostenta la facultad de celebrar contratos en nombre de la entidad (ej. Ministros, Secretarios de Estado, Consejeros autonómicos, Alcaldes o Directores de Organismos Autónomos).
  • Mesa de Contratación: Órgano colegiado de asistencia técnica e independiente. Es obligatoria en procedimientos abiertos, restringidos, de diálogo competitivo, de licitación con negociación y de asociación para la innovación. Su función principal es la valoración de las ofertas y la propuesta de adjudicación al órgano de contratación.
  • Junta de Contratación: Órganos colegiados que pueden actuar como órganos de contratación en los Ministerios o Administraciones para contratos de cuantía menor o de gestión ordinaria y repetitiva.

Requisitos para contratar con la Administración

Capacidad card
  • Plena capacidad de obrar: Acreditada mediante escritura de constitución o DNI/NIE.
  • Habilitación profesional o empresarial: Contar con las autorizaciones, títulos o matrículas que exija la ley para realizar la actividad que sea objeto del contrato.
  • Objeto social idóneo: En el caso de personas jurídicas, las prestaciones del contrato deben estar comprendidas expresamente dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que fijen sus estatutos o reglas fundacionales.
Solvencia card
  • Solvencia económica y financiera: Justifica que la empresa dispone de la estabilidad financiera y el volumen de negocio mínimo requerido (ej. mediante declaración del volumen anual de negocios o justificante de un seguro de riesgos profesionales).
  • Solvencia técnica o profesional: Demuestra la experiencia y los conocimientos técnicos para ejecutar la prestación (ej. mediante una relación de los principales servicios u obras realizados en los últimos años, indicando importe, fechas y destinatarios).
  • Clasificación de empresas: Es un sistema estatal que sustituye la acreditación individual de solvencia. Es obligatoria para contratos de obras con un valor estimado igual o superior a 500.000 euros, y opcional para los contratos de servicios.
Prohibiciones para contratar card
  • Condena por delitos firmes: Haber sido condenado por sentencia firme por delitos de corrupción, fraude, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o delitos de terrorismo.
  • Situación de insolvencia: Haber solicitado la declaración de concurso voluntario o haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento.
  • Sanción administrativa firme: Haber sido sancionado con carácter firme por infracciones graves en materia laboral (ej. discriminación de género, falta de planes de igualdad), de seguridad y salud en el trabajo, o en materia medioambiental.
  • Incumplimiento culpable anterior: Haber dado lugar, por causa de la que hubieran sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con una entidad del sector público.